Lunes 25 Junio 2018
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¡Vamos Argentina!

Lineamientos Generales sobre proyectos de Reforma Política
Doble Candidatura

• El proyecto soluciona una contradicción de nuestro Sistema Electoral, ya que mientras ninguna persona puede ser candidato a más de un cargo electivo, a nivel municipal es obligatorio que el candidato a intendente sea a la vez candidato a primer concejal. Para ello, modifica el art. 50 de la ley 9571 y el art. 14 de la ley 8102, estableciendo, que será optativo que los candidatos a gobernador y vice puedan ser a la vez candidatos a legisladores por distrito único, a la vez que el candidato a intendente también podrá serlo a primer concejal.
• Aunque resulte obvio decirlo, no es cierto que el proyecto “asegure” a quien se presente como candidato a gobernador ser electo como legislador. Por el contrario, para ser electo legislador la lista deberá obtener los votos indispensables según el sistema D’Hont, que tomando en cuenta los guarismos del año 2015, serían aproximadamente 33.000 sufragios.
• En el año 2015, siete listas presentaron candidatos a gobernador, pero sólo cuatro obtuvieron bancas en la Unicameral (Unión por Córdoba, Juntos por Córdoba, Córdoba Podemos y Frente de Izquierda). Por el contrario, las restantes tres fuerzas (Movimiento al Socialismo, Frente Progresista y Popular y MST Nueva Izquierda), a pesar de haber presentado candidato a gobernador, no obtuvieron representación en la Unicameral. En tanto, Encuentro Vecinal Córdoba ingresó a la Legislatura sin haber presentado candidato a gobernador.
• Es falso que el proyecto “obligue” a los candidatos a gobernador y vice a ser legisladores. Es más, resulta impensable que candidatos a gobernador y vice de los partidos con aspiraciones serias a gobernar la Provincia sean a la vez candidatos a legisladores. Tampoco es cierto que deban encabezar la respectiva lista, pudiendo ir en cualquier lugar de ella. Si no la encabezaran, ingresarían en el orden establecido actualmente, sin que el proyecto innove en esta materia en absoluto.
• No es cierto que el proyecto tienda a “atomizar” la presentación de candidaturas. Por el contrario, la cantidad de votos necesarios para ingresar en la Unicameral –33.000 aproximadamente en el año 2015, número que se verá incrementado sin dudas por la incorporación de los jóvenes de 16 años al padrón- hará que las fuerzas busquen alianzas para lograr el objetivo de ingresar a la Legislatura.

Fecha de Elecciones

• El Proyecto jerarquiza la calidad de los miembros que ingresan a la Legislatura, permitiendo que las figuras más representativas de cada fuerza política puedan acceder a una banca si no resultan electas como gobernador o vice.
• Se restablece la vigencia del texto original del art. 44 de la Ley 9571, que fija en noventa días previos para convocar a la elección provincial –dentro de los límites máximos y mínimos de 180 y 60 días de finalización del mandato-.
• Dicha disposición, a la luz de la cual se han desarrollado las elecciones del año 2011 y 2015 no ha generado inconveniente alguno a los fines de la organización del acto electoral, ya que no complica la agenda electoral y mucho menos la regulación del proceso eleccionario. Proceso que, en Córdoba, -a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional- está totalmente a cargo del Poder Judicial, sin interferencia alguna de los otros poderes del Estado.
• La norma propuesta tiene dispositivos equivalentes en distintos distritos del país. Así, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –gobernada por el PRO desde 2007- en el art. 7 de la Ley 4894 se establece que la convocatoria a elecciones la realizará el Jefe de Gobierno al menos noventa (90) días corridos antes de su realización. Similares disposiciones contienen las provincias de Jujuy (ley 4164 y modif.), La Pampa (ley 1593 y modif.), La Rioja (ley 5193 y modif.), Misiones (LEY XI – N° 6 ). A su vez, otros distritos tienen normas que prevén incluso plazos menores. Por caso, fijan en 60 días de anticipación la convocatoria las provincias de Catamarca (ley 5437 y modif.) y Formosa (ley 152 y modif.).
• El proyecto establece un plazo idéntico al previsto por la legislación municipal de la ciudad de Córdoba (gobernada por la U.C.R.) que fija en 90 días la antelación mínima de la convocatoria a elecciones a intendente y concejales.
• La Ley 10407, sancionada en diciembre de 2016 por esta Legislatura, buscó optimizar el calendario electoral, evitando la multiplicidad de fechas de elecciones en el ámbito provincial y municipal y la denominada “campaña permanente”, situación que, debemos reconocer, produce fastidio en la opinión pública. En este contexto, el presente proyecto surge de una nueva reflexión acerca de la inconveniencia de mantener uno de los aspectos que introdujo la ley 10.407, en el sentido de fijar el 1 de marzo del último año de mandato como fecha límite para fijar la elección provincial. Ello, en función de que si la fecha límite para fijar la elección provincial se encuentra fijada como mínimo a los sesenta días de la expiración del mandato –esto es, el 10 de octubre del año que se trate- la fijación de la fecha con tanta antelación, en vez de contribuir a evitar el distorsivo efecto de “campaña permanente”, en realidad aporta en el sentido contrario, es decir, adelantando los tiempos electorales.
• La propuesta establece la vigencia de un plazo de convocatoria (90 días previo a la fecha) más que razonable para que tanto el Poder Judicial, como las fuerzas políticas puedan contar con un plazo prudencial para organizar sus actividades vinculadas a la contienda electoral.
• Finalmente, se realiza con suficiente antelación para que nadie –ni las fuerzas políticas ni la Justicia Electoral- puedan ajustar su actuación a la nueva regulación legal.

Financiamiento

a) Financiamiento Público
1- Se fortalece el financiamiento público de las campañas electorales, elevando el Fondo para Campañas Electorales del 1,3‰ tres por mil al tres coma cinco por mil (3,5‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar (reforma art. 188, ley 9571).
2- Se incorpora a los medios gráficos entre los que el Estado contrata y asigna espacios para publicidad en la campaña electoral. (reforma art. 188, ley 9571).
3- Se democratiza el acceso al financiamiento, reduciendo del 3% actual al 1% la cantidad de votos necesarios para acceder al financiamiento público. (reforma art. 191, ley 9571).

b) Financiamiento Privado
1- Se fortalece la transparencia, regulando los aportes en efectivo y estableciendo un límite de dos salarios mínimos vitales y móviles para este tipo de aporte. Además se fija como obligación del Responsable de Campaña depositar los importes en la cuenta única prevista legalmente. (reforma art. 202, ley 9571).
2- Se fija un límite –hoy inexistente- para los aportes de las personas jurídicas, estableciéndolo en el 2% de los gastos totales permitidos para la campaña de que se trate (reforma art. 202, ley 9571).
3- Se reduce del 20% al 10% del total contratado por el Tribunal Electoral, los espacios que deben ceder los servicios de radiodifusión en forma gratuita para la divulgación de las propuestas de los partidos. Se establece el mismo porcentaje para los medios gráficos, en los que en el régimen actual no se contratan espacios (reforma art. 215, ley 9571).
4- Se aumenta el límite para los gastos en la campaña electoral, elevándolo del dos por mil (2‰) del Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la elección al siete por mil (7‰). (reforma art. 206 ley 9571).

c) Régimen de Infracciones, Sanciones y Mecanismos de Control
1- Se establece como deber del Tribunal Electoral (actualmente es una facultad) auditar los gastos de las campañas electorales para controlar el efectivo cumplimiento de la ley (reforma art. 233, ley 9571).
2- Se establece un catálogo más exhaustivo de infracciones (reforma art. 239, ley 9571).
3- Se fija un régimen sancionatorio que permite una mejor graduación de sanciones de acuerdo a la gravedad –y eventual reiteración- de las infracciones cometidas (reforma art. 244).
4- Se establece que el Responsable de Campaña Electoral debe poseer acreditados conocimientos o experiencia profesional en el ámbito contable. (reforma art. 223, ley 9571).
5- Se mejora la regulación legal del clientelismo, ampliando su alcance a bienes o servicios provistos, suministrados o subvencionados tanto directa como indirectamente por el Estado Nacional y Provincial. También se incluye la conducta –actualmente no prevista- de solicitar y ofrecer votos a cambio de una contraprestación en dinero, dádiva o regalo, o mediando promesa de entrega de una suma de dinero o cualquier otra recompensa en efectivo o en especie. (reforma art. 222, ley 9571).
6- En materia de sanciones por clientelismo, como sujeto activo de la conducta, además de los partidos y empleados o funcionarios públicos actualmente comprendidos en la ley, se incorpora a las personas humanas y a las personas jurídicas, fijando en este último caso la solidaridad para el pago de la multa entre la persona jurídica de que se trate con los directivos, gerentes y administradores que incurran en la conducta (reforma art. 244, ley 9571).
7- Se establece que cuando se aplique la sanción de inhabilitación, ésta debe ser notificada a las autoridades electorales nacionales de que se trate (reforma arts. 243 y 246, ley 9571).

Pronóstico del tiempo

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