La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y anuló una sentencia en la que se había absuelto a los representantes de la ONG Remar en Río Cuarto, acusados de obligar a personas a realizar trabajos forzosos.
Los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña dispusieron que se dicte una nueva resolución. En la causa, intervino el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, Carlos Gonella, quien firmó el recurso de casación junto con el fiscal general y cotitular de la Procuraduría contra la Trata y la Explotación, Marcelo Colombo.
En abril de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba absolvió a Pedro Gómez Martín y a María Maite Varela Lorenzo por el delito de “trata de personas mayores y menores de edad con fines de explotación laboral, mediante amenazas, coerciones, abuso de autoridad, abuso de situación de vulnerabilidad, agravado por la cantidad de víctimas”.
El Ministerio Público Fiscal no había acusado en su alegato bajo esa categoría, sino que lo había hecho por la figura prevista en el artículo 140 del Código Penal, que establece una pena de hasta diez años de prisión a aquellas personas que obligan a otra a realizar trabajos o servicios forzados.
A Gómez Martín y a Maite Varela -en su rol de representantes de la ONG Remar de Río Cuarto- se les atribuyó haber explotado a distintas personas que ingresaban a la organización con fines de rehabilitación, quedándose con sus ingresos y haciéndoles trabajar durante el día en excesos de carga horaria. La acusación incluía el haber contratado menores de edad para realizar tareas diversas, además de utilizar metodología de “castigo corporal y mental”.
También fueron acusados de haber dado acogida a distintas personas en las diferentes sedes que tiene la ONG aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y de imponerles la realización de distintos trabajos “bajo amenazas y coerciones de distinto tipo”.
“Por tales tareas, incluso realizadas por menores de edad, las supuestas víctimas no recibían pago o retribución alguna, que incluso aquellos que contaban con algún ingreso personal, ya sea proveniente de algún tipo de asignación (por caso, asignación universal por hijo o algún tipo de pensión) o que recibían remesas de parte de sus núcleos familiares, les estaba vedada la libre disposición de tales montos, los que eran percibidos enteramente por los encargados del lugar”, se destacó en el requerimiento de elevación a juicio.
En la presentación, los fiscales destacaron que la propias víctimas relataron que trabajaban alrededor de 11 horas por día, ya sea cocinando, vendiendo o pidiendo donaciones en la calle y que en caso de no querer hacerlo “eran disciplinadas”. De esa forma, las dejaban sin comer durante días, eran obligadas a lavar los platos o directamente eran puestas contra una pared.
