Para el juez Peralta, la investigación al empresario de Río Cuarto por el ingreso de elementos prohibidos a la Cárcel de Bouwer, no es competencia federal. Fue enviado a juicio por asociación ilícita. La defensa dice que llegará a la Corte.
Un nuevo capítulo se abre en la pulseada por la competencia en la causa de Alicio Dagatti, el empresario frigorífico y presidente del Club Estudiantes de Río Cuarto imputado por presunta asociación ilícita a raíz del ingreso de elementos prohibidos en la cárcel de Bouwer.
Dagatti estuvo detenido unos ocho meses por el caso del llamado “camión narco” un transporte de su frigorífico interceptado en el establecimiento penitenciario con droga y celulares, sospechados de tener como destino un “call center tumbero” (organización para cometer delitos por teléfono, desde la cárcel).
La causa de los celulares fue investigada por el fiscal de Delitos Complejos 1 de Córdoba, Enrique Gavier, quien le sumó a Dagatti, a su hijo Ignacio, a su abogada –Virginia Collosa- y otros integrantes del frigorífico Livorno, una acusación por reingresar la carne en mal estado a Bouwer.
La defensa del empresario siempre reclamó su libertad y que el caso pase a manos de la Justicia federal.
Entre otros argumentos, plantean que la fragmentación de la causa en varios legajos paralelos vulnera el debido proceso y el principio de unidad del hecho punible.
También sostienen que los hechos no configuran narcomenudeo sino tráfico agravado con proyección supralocal.
Para reforzar esa estrategia, el equipo defensor incorporó a Germán Garavano, exministro de Justicia de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. En noviembre pasado obtuvieron un fallo favorable de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal.
Dagatti permanece en libertad desde principios de agosto de 2025, tras ofrecer una fianza superior a 1,4 millones de dólares, una de las más elevadas registradas en el fuero penal cordobés.
En febrero, ni bien le corrieron vista de las últimas decisiones, Gavier insistió con que el caso le corresponde a la Justicia provincial y en las últimas horas, el juez de Control Milton Peralta le dio la razón.
Para Peralta, los hechos investigados «no se encuentran comprendidos dentro de los supuestos de competencia exclusiva y excluyente del fuero federal, ni se advierte la existencia de elementos que permitan afirmar su vinculación con intereses de esa naturaleza que justifiquen el desplazamiento de la jurisdicción ordinaria». Los defensores de Dagatti adelantaron que ahora caso llegará a la Corte Suprema.
¿Cómo empezó la investigación contra Dagatti?
Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando personal del Servicio Penitenciario de Córdoba interceptó un camión de Livorno —proveedor de carnes del sistema penitenciario cordobés— en el ingreso al Complejo Carcelario N° 1 de Bouwer. Entre las medias reses encontraron casi 1,7 kilos de marihuana fraccionada en cuatro ladrillos, nueve gramos de cocaína, siete celulares y cargadores.
El chofer del camión fue condenado por la Justicia provincial, en proceso abreviado. Luego, en una nota al Tribunal, el hombre dijo haber ingresado los elementos prohibidos por indicación o presión de Alicio Dagatti. Lo ratificó en posteriores declaraciones ante Gavier, luego declaradas nulas tras planteos de la defensa.
En principio, la controversia judicial fue en torno a si la libertad de Alicio Dagatti representaba un peligro procesal. Ahora, la batalla es por la competencia.
Desde el primer momento, por el ingreso de estupefacientes, el empresario fue investigado por la fiscal de lucha contra el Narcotráfico Paulina Lingua. En tanto, Gavier lo investigaba por el ingreso de celulares y, luego, por el supuesto reingreso de carne en mal estado al servicio penitenciario.
Para la investigación, a las medias reses devueltas al frigorífico, porque entre la carne hallaron droga y los teléfonos), los Dagatti lograron reintroducirla en la cárcel y habría pruebas de ello en sus chats telefónicos.
Cuando el 27 de noviembre la Cámara Federal de Casación Penal declaró la competencia federal para intervenir en la causa y sus conexas, Gavier requirió la elevación a juicio por asociación ilícita.
La defensa planteó la nulidad de esa requisitoria. Días después, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba reclamó formalmente la remisión de los expedientes provinciales. El fiscal Gavier se opuso y elevó la cuestión al juez Peralta que acaba de fallar a su favor.
Peralta: narcomenudeo carcelario, no tráfico federal
Sobre la causa por asociación ilícita, Peralta sostiene que los hechos configuran “comercialización al menudeo en el ámbito carcelario, sin proyección interjurisdiccional ni vinculación acreditada con estructuras de tráfico a mayor escala”.
Peralta destacó que esa conclusión fue sostenida de manera coincidente por el fuero especializado de narcotráfico —que investigó y condenó al chofer del camión—, por el Ministerio Público Federal local y por el propio Juzgado Federal N° 1, que había rechazado una inhibitoria anterior planteada por la defensa por los mismos argumentos.
obre el fallo de la Casación, el juez consideró que el voto de la minoría no analizó el fondo de la cuestión de competencia sino que se basó en que el Fiscal General ante ese tribunal y la defensa habían coincidido en pedir la competencia federal.
Reprodujo la crítica del fiscal Gavier, quien calificó ese razonamiento como un «vicio metodológico de gravedad institucional» y recordó que la competencia es materia de orden público que no puede ser alterada por acuerdos entre las partes.
En cuanto al reingreso de la carne, Peralta dijo que el tráfico de mercaderías peligrosas para la salud” no integra el catálogo de competencia federal. Destaca que los hechos se cometieron en un establecimiento penitenciario provincial.
Presunto lavado de activos
A todo esto, en un marco de total hermetismo, la Justicia Federal de Río Cuarto tiene otra investigación abierta contra Alicio Dagatti y varios de sus allegados. En diciembre fueron allanadas 33 propiedades vinculadas al dirigente y lo único que se informó es que hubo una denuncia en su contra ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado (Procelac).
Fuente: Denise Audrito – La Voz
