Tres miembros de su banda y un integrante de «Los Monos», serán juzgados desde el martes por planificar el homicidio y contratar a quienes lo ejecutaron. El “zar de la droga” fue asesinado el 16 de enero de 2019
El crimen de Claudio Lorenzo Torres, que conmocionó a la ciudad y que ventiló una trama de narcotráfico y lavado de activos, con 26 imputaciones y 16 detenciones y un millonario secuestro de bienes e inmuebles, llega a juicio. El próximo martes en la Cámara Primera del Crimen, con jurados populares, serán juzgados tres miembros de su banda y un rosarino acusados de planificar el homicidio y contratar a un sicario para ser ejecutado en la noche del 16 de enero de 2019.
Cristian Ortiz, Jonathan Palacios, Mariano Rivarola -amigos y socios de Torres- y el rosarino Néstor Robledo -ligado al clan de Los Monos- son los cuatro imputados por homicidio doblemente calificado, por precio o promesa remuneratoria, y por alevosía y homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa, en calidad de coautores.
La última acusación, vale aclarar, aplica porque en el mismo ataque armado resultó herido Gustavo Salinas, hermanastro de Torres.
El alevoso crimen fue perpetrado al frente del domicilio del “zar de la droga”, en calle Laprida al 1264, en barrio Fénix.
A lo largo de una extensa investigación de más de cinco años, el fiscal de Instrucción Fernando Moine logró reconstruir la trama que terminó con la vida de Torres, orquestada por quienes integraban su misma organización narco.
En la elevación a juicio, Moine detalló que “durante los meses de noviembre o diciembre del año dos mil dieciocho, Cristian Fabián Ortiz y Mariano Martín Rivarola, por desavenencias en la compra y venta de estupefacientes y con la intención de ocupar posiciones de liderazgo en la organización criminal, como también alguna ventaja económica, planificaron dar muerte a Torres”.
Según la elevación a juicio, Ortiz y Rivarola “estaban enojados con Torres por un faltante de 250 kilos de marihuana”, provenientes de Paraguay. “Ortiz le había advertido a Claudio que esto no iba a quedar así” y, en el velorio de Torres, “se comentó que Rivarola había pagado a los sicarios que lo mataron”.
La investigación descartó una traición de Gabriel Bossi. El fiscal desechó la posibilidad de que “el zar de la droga” tuviera problemas económicos por los negocios con los autos.
Sin identificar
El jefe de la investigación reconoció que hay personas que participaron del proceso y no lograron ser identificadas. Las reuniones para terminar con la vida de Torres se concretaron en Rosario.
“No pudiendo Ortiz y Rivarola ejecutar por ellos mismos el plan por ser conocidos de la víctima y para despejar cualquier hipótesis de sospecha sobre sus personas, ambos encomendaron -a cambio de un precio o promesa remuneratoria- a al menos cuatro sujetos, entre los que sólo se encuentran identificados Robledo y Palacios, la ejecución del plan ideado”.
Alrededor de las 21, Torres llegó a su casa en un Audi TT, con su amigo Gabriel Bossi. Ni bien se bajó del coche, recibió una ráfaga de disparos calibre 9 mm y 11.25. En total recibió seis impactos que le provocaron la muerte en el Hospital San Antonio de Padua. Su hermanastro también fue alcanzado por la balacera de unos 15 disparos, pero las heridas, menores. Fueron dos sujetos que escaparon en una Renault Kangoo, que era conducida por otro delincuente.
El utilitario azul fue encontrado en el kilómetro 598 de la ruta nacional 8, donde se deshicieron del vehículo y lo incendiaron para borrar todo posible rastro que los vinculara con el delito que habían cometido y se dieron a la fuga.
Para ello, contaron con la intervención de un cuarto sujeto, tampoco identificado, que los esperaba expectante en el lugar indicado.
Uno de los disparos mortales le atravesó el muslo izquierdo por encima de la rodilla y le perforó la arteria femoral, mientras que el segundo ingresó por el vientre y salió por la espalda, a la altura de la región lumbosacra, lesionando en su recorrido hígado, intestino y estómago, con una gran hemorragia interna.
Torres estaba siendo investigado por la Justicia Federal desde el 2014. A los días del crimen, el juez federal Carlos Ochoa ordenó 50 allanamientos por narcolavado.
Entre los 16 detenidos se encontraba Gustavo Oyarzábal, el jefe de la división Investigaciones de la Unidad Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba, quien había iniciado las pesquisas por el asesinato de Torres.
El amplio despliegue de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el secuestro de automóviles de alta gama, electrodomésticos, inmuebles, dio lugar al “narcoescándalo” de nuestra ciudad, con trascendencia a nivel nacional.
La investigación federal por narcolavado se había iniciado en 2014
Al momento del crimen de Claudio Lorenzo Torres, la Justicia Federal lo venía investigando desde hacia cinco años, como jefe de una organización dedicada al narcotráfico, con un aceitado engranaje para el lavado de activos.
Torres fue fusilado frente a su casa de Laprida al 1264, en el sur de la ciudad el 16 de enero de 2019, lo que aceleró el proceso judicial, con unos cincuenta allanamientos en domicilios de los implicados, talleres mecánicos, concesionarias de autos y estudios contables, entre otros.
Durante los operativos realizados por la PSA el 24 de enero de 2019 secuestraron 42 automóviles (la mayoría de alta gama), ocho motos y un cuatriciclo, armas de fuego, joyas, electrodomésticos y dinero en efectivo tanto en pesos como en otras divisas, que en total sumaban unos 60 millones de pesos para ese año.
Además, se pusieron a disposición del juzgado inmuebles por un valor de mercado en 2019 de 27 millones de pesos.
El proceso inicial derivó en 26 imputaciones y 16 detenidos.
La causa elevada por el juez federal Carlos Ochoa llegó al Tribunal Oral Federal de Córdoba.
En 2022, se realizó un juicio abreviado, que terminó con Gabriel Bossi, Claudio Ortiz y Mariano Rivarola condenados a cuatro años y medio de prisión por asociación ilícita y lavado de activos, cometido con habitualidad. La mayoría de los demás imputados quedó en libertad.
