Viernes 18 Septiembre 2020

Condena ChequesLuego de 13 años de iniciada, ayer la causa que investigaba una extensa red de evasión de impuestos, finalizó condenando a 12 de los 14 imputados. El "escándalo de los cheques”, como se la conoció públicamente, se convirtió ayer en la primera causa en Córdoba en la que se producen condenas por el delito de asociación ilícita fiscal

El Tribunal Oral Federal de Córdoba absolvió a dos personas, y condenó a 12, entre las que se encuentra la conocida abogada riocuartense María Pía Cardoso, quien recibió una pena de cumplimiento efectiva de 3 años y 8 meses de cárcel, un año menos de lo que había pedido la Fiscalía.

Cardoso, que en 2007 ocupaba en la Municipalidad el área de Saneamiento de Títulos, fue condenada por haber usado su cargo en el Estado para reclutar indigentes y hacerlos inscribir como monotributistas. Esas personas eran usadas después para facturar ventas de cereales que no hacían.

Quien organizaba el procedimiento delictivo, y que ayer fue condenado en calidad de jefe, era el empresario riotercerense Atilio Mengo, quien recibió una condena de 7 años de prisión como cabecilla de la asociación ilícita que compraba cereales en negro, los blanqueaba a través de los indigentes que eran inscriptos como monotributistas y posteriormente los comercializaba. El rol de las personas insolventes era vender los cereales sin pagar IVA ni Ganancias.

También resultaron condenadas las hijas de Mengo, Francina y Luisina, que dirigían un grupo de empresas (FLG y Soybeans eran las principales) que aparecían realizando las operaciones. Cada una de las hijas de Mengo recibió una condena de cuatro años de cárcel como coautoras del delito de asociación ilícita fiscal.

A Guillermo Barreiro le correspondieron 4 años, al igual que a Sergio Bertoni. Eduardo Meta fue condenado a 4 años y dos meses, Fabián Petiti a 4 años y Gabriel Ludueña a 3 años y 8 meses de prisión. Penas de 3 años les correspondieron a Hugo Agüero, Vanesa Moyano y Claudio Giles, aunque de cumplimiento en suspenso.

A los principales acusados les correspondieron además inhabilitaciones para ejercer la actividad financiera durante el plazo de la condena.

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