El Juzgado Federal de Río Cuarto emitió ayer la orden de desalojo para que la delegación del Pami, ubicada en Alvear 842, abandone el edificio en un plazo máximo de 15 días hábiles. Si en ese tiempo no hay un acuerdo con la propietaria que inició la demanda o no se desocupa el inmueble, la resolución del juez Carlos Ochoa señala que se usará la fuerza pública.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados fue notificado ayer, el mismo día en que se emitió la orden de desalojo, y por lo tanto desde hoy comienzan a correr los 15 días hábiles.
Como el Pami no respondía los pedidos de incremento en el precio del alquiler, el monto que se seguía facturando era de 2022 y había quedado sumamente desfasado en medio de un proceso inflacionario que el año pasado tuvo un pico superior al 211 por ciento anual.
“Íntímese al demandado Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para que en el término de 15 días proceda a la desocupación del inmueble, bajo apercibimiento de desalojo”, se lee en el decreto firmado ayer por Ochoa.
Normalmente, las órdenes de desalojo contemplan un plazo de 48 horas; sin embargo, en el caso del Pami se extendió a 15 días hábiles por la complejidad de la operación.
Ahora, con la orden de desalojo ya emitida, a la obra social de los jubilados le quedan dos caminos: o llega a un acuerdo con la propietaria para firmar un nuevo contrato de alquiler o desaloja pacíficamente el edificio. “No creemos que el Pami haga que lo desalojen por la fuerza”, manifestaron fuentes vinculadas a la causa judicial.
El Pami tiene ahora dos caminos:o firma un nuevo contrato o deja el edificio.
Desde antes de que se venciera el contrato, el último día de octubre de 2022, la propietaria del edificio y la conducción del Pami iniciaron negociaciones para extender el alquiler. Sin embargo, fue un proceso complejo, en el que la obra social de los jubilados estuvo durante meses sin dar respuesta. Cuando la dio, ofreció valores que estaban muy por debajo de los del mercado.
Ya en agosto del año pasado, dos inmobiliarias reconocidas de la ciudad, establecieron que por ese edificio de calle Alvear el canon no podía ser inferior a los 2.500.000 pesos mensuales. Las ofertas del Pami estaban muy por debajo de ese valor.
Como nunca se avanzó, la propietaria finalmente inició una demanda de desalojo que ayer derivó en la orden emitida por el juez Ochoa. Ahora el Pami tiene 15 días hábiles para encontrar una solución.
