La mañana de este martes se transformó en un caos en la empresa Hugo y Enzo Reinaudo, un concesionario de maquinarias agrícolas ubicado en el kilómetro 1 de la colectora Oeste de la Ruta A005. El conflicto, que lleva semanas por deudas salariales, escaló dramáticamente cuando un grupo de trabajadores se presentó para retirar maquinarias que, según un acuerdo legal, habían sido cedidas como parte de pago de indemnizaciones.
Los empleados, muchos con décadas de antigüedad, se encontraron con un fuerte operativo policial y las puertas de la empresa cerradas.
Trabajadores «privados de la libertad» y operativo policial
La abogada de los trabajadores, María Julia Sibona, denunció que la situación se tornó ilegal al negarse el acceso y la salida del predio, pese a la existencia de un acuerdo firmado.
“Tuvimos una audiencia en el ministerio, la parte patronal no compareció, y el acuerdo para retirar las maquinarias estaba firmado. Sin embargo, al llegar, cerraron las puertas y cambiaron los candados. Hay trabajadores adentro, no los dejan salir, están privados de la libertad”, denunció Sibona.
La letrada criticó que la policía fuera «llamada por la misma gente patronal, tratándolos como delincuentes«, a personas que dedicaron hasta 40 años a la empresa. Sibona aseguró que, hasta el mediodía, los empleados permanecían retenidos «hace como diez horas».
Un trabajador con 30 años de servicio relató la traición: «Estamos durmiendo hace 20 días acá para cuidar, para que ellos no nos roben las herramientas. Ayer nos dijo que podíamos sacar todas las herramientas y ahora nos dice que no, que somos ladrones«.
Deudas millonarias y amenazas a los dueños
La tensión se agravó con la presencia del gremio de Empleados de Comercio. El representante Irusta elevó el nivel del conflicto al exponer las graves deudas financieras de la firma.
«Esta gente debe más de 700 millones de pesos. Los prestamistas amenazaron a los dueños de la empresa en cortarles los dedos«, reveló Irusta, quien insistió en que los trabajadores «son los primeros que tienen que cobrar«.
El gremialista cuestionó el despliegue de seguridad: «Hay siete chatas de policía protegiendo algo que ya está acordado«, mientras los trabajadores denuncian que la empresa cambió la versión de los hechos tras recibir presiones externas.
Con camiones cargados de tractores retenidos y un clima de angustia y máxima tensión, se aguarda la urgente intervención de la fiscalía de Río Cuarto para resolver la situación legal y garantizar la libertad y el pago a los empleados.
