Es un alcaide que tenía a su cargo la seguridad en el penal. Había dado muestras de un cambio en su estilo de vida, más ostentoso y eso abrió una investigación interna que derivó en su procesamiento

El jefe de Seguridad del Establecimiento Penitenciario 6 de Córdoba, el penal de Río Cuarto, fue imputado por proveer de teléfonos celulares a internos, según la investigación. No está detenido, aunque la fiscalía evalúa si existe riesgo procesal o posibilidad de fuga, las condiciones para justificar un encarcelamiento.

Se trata de un alcaide técnico superior, quien fue investigado en primer término y luego denunciado por las áreas internas del propio Servicio Penitenciario de Córdoba al ser evidente un cambio patrimonial que no se condecía con sus ingresos.

El jefe penitenciario hizo viajes, cambió su teléfono por uno de alta gama y mostró algunos otros consumos ostentosos, lo que hizo que se sospechara que habría estado involucrado en algún tipo de maniobra para ingresar elementos prohibidos y cobrar por eso a personas alojadas en el establecimiento.

La sospecha fue que podría estar vinculado al tráfico de estupefacientes. Es por esto que el 26 de junio el SPC informó que hizo una presentación judicial ante la Fiscalía de Instrucción Móvil Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Río Cuarto.

Con instrucción de esta fiscalía, este martes se hizo un procedimiento en el Sector Requisa y sala de Body Scanner, en el que se detectó e interrumpió la maniobra llevada a cabo por el jefe de Seguridad del Establecimiento para introducir teléfonos.

«En dicho sector se logró la incautación de dos aparatos de telefonía celular, acompañados de elementos afines tales como cargadores y tarjetas SIM, los cuales estarían destinados a la población carcelaria de dicha unidad, avanzando de este modo contra la erradicación de maniobras antirreglamentarias e ilegales que podrían ser iniciadas desde los espacios de alojamientos de internos», sostiene el parte del SPC.

No está claro en el parte cómo hacía el jefe penitenciario para vulnerar la requisa y el escaneo y lograr que pasen los teléfonos.

La causa se giró a una fiscalía de número de número del Ministerio Público Fiscal de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega. El funcionario penitenciario está imputado, pero no existe confirmación sobre su detención.

En paralelo, tomó intervención la Subdirección General de Control de Conducta y Gestión Penitenciaria, que definirá casi con certeza la pasiva del alcaide y su desplazamiento del cargo que ocupaba.

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