En plena antesala de la cosecha gruesa, la Sociedad Rural de Río Cuarto recibió en su sede a representantes de FECOTAC, transportistas y referentes de empresas del sector para abordar una tensión que se viene acumulando desde el verano: el atraso en las tarifas de flete vigentes desde febrero y su escasa aplicación real en el mercado.
La reunión fue encabezada por el presidente de la entidad, Heraldo Moyetta, y reunió a los distintos eslabones de una cadena que, en esta época del año, opera a pleno.
Qué es FECOTAC
La Federación de Cooperativas de Transporte Automotor de Cargas (FECOTAC) es una de las principales organizaciones que nuclea a transportistas de granos en Argentina, con fuerte presencia en la región pampeana. Actúa como interlocutora ante el Estado y los sectores productivos en la negociación de condiciones tarifarias y regulaciones del sector.
Un problema estructural del flete agrícola
El transporte de granos en Argentina opera bajo un esquema de tarifas de referencia elaboradas periódicamente por la Secretaría de Transporte, pero su cumplimiento efectivo depende en buena medida de la voluntad de los dadores de carga (acopios, exportadoras y productores). En períodos de cosecha, la demanda de camiones se dispara y la brecha entre la tarifa oficial y la tarifa real de mercado suele profundizarse en uno u otro sentido, generando conflictos recurrentes.
El combustible representa aproximadamente entre el 35 y el 40 por ciento de los costos operativos de un camionero, lo que convierte cualquier suba del gasoil en una presión inmediata sobre la rentabilidad del sector.
El reclamo del transporte
Los transportistas pusieron sobre la mesa una preocupación concreta: las tarifas vigentes desde febrero no solo están desactualizadas sino que, en muchos casos, los dadores de carga directamente no las convalidan. En un contexto de costos en alza, sostener la actividad se vuelve cada vez más difícil. La demanda es clara: una actualización tarifaria urgente que refleje la realidad del mercado.
La mirada de la Rural
Desde la entidad rural se planteó una perspectiva de fondo: avanzar hacia un esquema de libre contratación donde productores, transportistas y acopios acuerden condiciones de forma directa, sin depender de tablas de referencia que en la práctica no se respetan. La propuesta apunta a que el mercado regule lo que la regulación formal no logra garantizar.
Pese a las diferencias de diagnóstico, las partes coincidieron en la necesidad de recomponer la rentabilidad de todos los actores: productores, transportistas y sector cerealero. Y se comprometieron a continuar el diálogo en busca de soluciones concretas antes de que la cosecha llegue a su pico de actividad.
