El fiscal Enrique Gavier solicitó la elevación a juicio de la causa contra los responsables del frigorífico Livorno S.A. de Las Higueras por la distribución de productos no aptos para el consumo humano.

Piden juicio oral para seis acusados de comercializar carne infectada con triquinosis

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno, Turno Primero de Córdoba, a cargo del fiscal Enrique Alberto Gavier, requirió formalmente la citación a juicio de seis personas investigadas por la comercialización de carne no apta para el consumo humano y la consecuente propagación de triquinosis.

La acusación formal comprende catorce hechos de tráfico de mercaderías peligrosas para la salud, además de un hecho atribuido a la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa.

Según la investigación judicial, las maniobras ilícitas habrían sido desarrolladas desde la planta del frigorífico Livorno S.A., ubicado en la localidad de Las Higueras, departamento Río Cuarto. Desde dicho establecimiento se habría llevado a cabo la distribución y comercialización de los productos cárnicos contaminados tanto en establecimientos penitenciarios como en diversos comercios particulares.

Comercialización de carne no apta para el consumo humano

La investigación permitió reconstruir catorce episodios ocurridos entre julio de 2023 y octubre de 2024, en los que se habría comercializado, distribuido o suministrado carne vacuna que no reunía las condiciones sanitarias necesarias para el consumo humano.

De acuerdo con la acusación, las maniobras consistían en recuperar medias reses que habían sido previamente rechazadas por establecimientos penitenciarios debido a sus deficientes condiciones sanitarias, para luego acondicionarlas y volver a introducirlas en los circuitos de distribución.

Con ese propósito, se habrían realizado procedimientos destinados a disimular el estado de los productos, entre ellos el lavado con cloro, el perfilado de las partes deterioradas, la modificación de etiquetas y la alteración de la documentación sanitaria.

Parte de esa mercadería habría sido remitida nuevamente a establecimientos penitenciarios de la provincia de Córdoba, mientras que otra habría sido destinada a comercios particulares para su comercialización al público.

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