En la misma semana del reinicio de la actividad judicial tras el receso invernal, el gremio de los empleados judiciales de la provincia de Córdoba puso en marcha una medida de fuerza por 60 horas que comenzará este miércoles al mediodía y se extenderá hasta el viernes inclusive. Con esta acción, el sector alcanza los 30 días de paro acumulados en lo que va del año.
La medida había sido definida en la asamblea extraordinaria del pasado 1 de julio, tras el rechazo mayoritario a la propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La propuesta rechazada y la postura del gremio
El esquema desestimado por los trabajadores contemplaba un adelantamiento en el cronograma de equiparación salarial con la Justicia Federal, buscando alcanzar el 90% del haber federal, con incrementos porcentuales que oscilaban entre el 3,29% y el 7,15% (un promedio de $133.211 mensuales). Pese a que la conducción gremial analizaba de forma positiva el avance tras meses de negociaciones paralizadas, las bases rechazaron la oferta en asamblea.
El secretario general de la Seccional Río Cuarto, Juan Boni, advirtió sobre el impacto del conflicto y la inminente aplicación de quitas salariales:
Es casi histórico que haya habido tantas medidas de fuerza en tan corto tiempo. Con esta nueva acción llegamos a los 30 días de paros o retiros y, a mi juicio, es una decisión incorrecta (…) El problema es que ahora van a venir los descuentos salariales y van a ser muy fuertes, del 30 o el 40 por ciento del sueldo. Antes las medidas no tenían costo porque negociábamos que no se descontaran, pero ahora va a haber un ataque directo al bolsillo.
Escenario de incertidumbre y reclamo de los Colegios de Abogados
Desde el TSJ habían advertido antes de la feria que el rechazo a la oferta llevaría la negociación a «foja cero», por lo que en el sector anticipan una estrategia de desgaste por parte de la patronal y no hay certezas sobre cuándo se reanudará la mesa de diálogo.
Por su parte, la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba (Fecacor) y las distintas entidades deontológicas del fuero han reiterado su preocupación por la parálisis del servicio de justicia, instando públicamente a ambas partes a encauzar el diálogo institucional para normalizar la atención a la ciudadanía.
