Como punto central, el proyecto apunta a impedir que personas condenadas por delitos penales en el fuero provincial o federal, no puedan acceder a cargos electivos, ni ser designados o permanecer como funcionarios municipales, en el ámbito de la Ciudad de Río Cuarto.

El impedimento recae sobre todos los cargos electivos municipales y designaciones políticas de jerarquía, quedando configurado en los siguientes supuestos:
Sentencia de primera instancia firme, a pena privativa de la libertad o de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Sentencia confirmatoria en segunda instancia judicial a pena privativa de la libertad o de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Esta iniciativa busca depurar las opciones que espera el electorado, establecer límites claros y no pretende castigar a nadie, ya que esa es tarea del poder judicial.
Esta gestión municipal pretende profundizar la participación ciudadana y los vínculos comunitarios, por lo que considera indispensable fijar reglar claras para reafirmar la transparencia y la ética en la función pública.