Jorge Montón, de la bancaria local, manifestó su preocupación ante el plan de ajuste que llevan adelante distintas entidades financieras en el país y, que ya afecta a localidades del interior cordobés.
La reestructuración del sistema financiero comenzó a golpear con fuerza en el interior provincial, generando un escenario de incertidumbre tanto para los usuarios como para los empleados del sector. El cierre de sucursales de bancos privados y dependencias oficiales obliga a los habitantes de diversas comunidades a trasladarse a otras ciudades para realizar trámites presenciales, una situación que afecta principalmente a quienes no tienen acceso o manejo de herramientas digitales.
Jorge Monton señalo que esta medida trae aparejada una serie de inconvenientes para las sociedades locales que deben recurrir o trasladarse a otras localidades para gestiones particulares que no pueden realizarse por medios alternativos.
Uno de los puntos más críticos del ajuste es el impacto directo en la clase pasiva. La desaparición de cajeros automáticos y puntos de atención física en pueblos pequeños deja a los adultos mayores en una situación de desprotección.
Monton explicó: «Uno muchas veces piensa en primera medida en los sectores más vulnerables que son, por ejemplo, los jubilados. Imaginemos un jubilado en alguna localidad que le levanten el banco y el cajero, que tenga que ir a otra; esto le trae aparejado unos inconvenientes muy grandes y hasta riesgo te diría».
Asimismo, advirtió sobre las consecuencias indirectas de la falta de servicios presenciales: «Terminan en situaciones no deseadas como andar prestándole la tarjeta a un familiar o a un amigo para que vaya y le cobre, con todos los inconvenientes que pueden traer aparejado estas cosas».
La situación no es uniforme en todas las entidades, pero el goteo de cierres es constante. El Banco Santander anunció el cese de actividades en 40 sucursales en todo el país, afectando directamente a la localidad de La Carlota, donde la dependencia ya cerró sus puertas. Por su parte, el Banco Hipotecario también confirmó clausuras a nivel nacional, aunque por el momento la sucursal de Río Cuarto continúa operando con normalidad.
Respecto a la banca pública, el Banco Central dispuso el cierre de 17 delegaciones. En la jurisdicción local, una de estas oficinas dejará de funcionar próximamente. Sobre el destino de los empleados de dicha dependencia, Jorge detalló: «Estamos tratando de reubicar a los compañeros en la ciudad de Córdoba, más allá de que probablemente hay un compañero que acceda a la jubilación en un lapso muy breve. Pero los otros tres compañeros estamos tratando de que sean reubicados en Córdoba, que sería lo más conveniente y lo más cercano».
«No acordamos con este achique así tan drástico. Estamos tratando de que esto sea lo menos traumático posible en el caso de los compañeros. Por supuesto que el límite sería si recurren a despedir gente, que eso no lo vamos a permitir de ninguna manera», enfatizó el representante de los trabajadores bancarios locales.
En este marco, se acordó un período de tregua y análisis de seis meses para evaluar la situación de las sucursales que se encuentran en una posición financiera límite. El objetivo es buscar mecanismos que mejoren la rentabilidad de estos puntos de atención para evitar su desaparición definitiva. «Vamos a ir monitoreando la situación. Hemos acordado con el banco tomar seis meses de tiempo para ver las sucursales que estén en una situación un tanto límite, ver si se pueden mejorar las condiciones para que sean de mayor rentabilidad y evitar el cierre», concluyó el dirigente.
