En la sesión de este jueves, se sanciona la realización de narcotest para los funcionarios y, el certificado de antecedentes penales, para los trabajadores de la Municipalidad.
Ignacio Biga
El concejal Ignacio Biga explicó que una de las iniciativas prevé que el certificado de antecedentes penales deje de ser únicamente un requisito de ingreso y pase a convertirse en una obligación periódica para todo el personal municipal.
«El certificado de antecedentes era una exigencia de ingreso y lo vamos a hacer una exigencia efectiva cada dos años. Así sabemos estrictamente que los empleados municipales, los contratados y el personal político cumplen con esta obligación», señaló.
Además, el proyecto incorpora la realización de exámenes toxicológicos obligatorios para los funcionarios municipales. «Todos los años van a tener que presentar el mismo. Tiene que ver con un mensaje sobre qué tipo de funcionarios queremos y cuál es la ética pública que Río Cuarto respeta. Lo venimos haciendo con Ficha Limpia, damos un paso adelante y ahora nos sumamos con lo que denominamos Narcotest», afirmó.
Biga detalló que la medida alcanzará a los principales cargos políticos del municipio. «Desde el intendente hasta un coordinador de proyecto, pasando por secretarios, subsecretarios, concejales, tribunos de cuentas, jueces administrativos de Faltas y el Defensor del Pueblo», precisó.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo es reforzar la confianza de la ciudadanía. «Entendemos que es un mensaje de pelea contra el narcotráfico, de que ningún funcionario tenga vinculación con este tipo de sustancias problemáticas y dar un mensaje a la ciudadanía sobre qué se necesita para ejercer funciones en Río Cuarto: una ficha limpia y un comportamiento adecuado que genere la idoneidad necesaria para que la ciudad siga creciendo», expresó.
Respecto a la implementación del certificado de antecedentes, indicó que la exigencia se extenderá de manera progresiva durante este año. «Todos los empleados municipales, todos los funcionarios y quienes tengan algún tipo de vínculo con el municipio deberán cumplimentar este certificado. Por la magnitud del proceso llevará un tiempo, pero la idea es que, una vez aprobada la ordenanza, Recursos Humanos comience a solicitar la documentación para completar el proceso antes del 31 de diciembre», explicó.
Finalmente, Biga estimó que la medida alcanzará, como mínimo, a unos 500 trabajadores de planta permanente. «Ese es el piso mínimo sobre el cual vamos a trabajar», concluyó.
