La Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante local avanza en la elaboración de un proyecto de ordenanza que unifica las propuestas para penalizar las fiestas clandestinas realizadas durante esta pandemia. Además de fuertes multas económicas, la norma prevé el desarrollo de trabajo comunitario, tanto para los organizadores como para los asistentes a los eventos ilegales.
La penalidad económica, tanto para los propietarios de los domicilios utilizados para concretar encuentros, como para los organizadores y promotores de dichas reuniones, podrán ser de entre 50 y 400 unidades de multa. Es decir, a valores de hoy, deberían abonar entre $ 147.500 y $ 1.180.000, dependiendo de las dimensiones del predio, la cantidad de asistentes, la presencia de menores, las molestias ocasionadas, el cobro de un precio en concepto de entrada, el expendio de bebidas alcohólicas, entre otros agravantes.
Por otro lado, si el evento es desarticulado antes de su realización efectiva, la pena irá entre 25 y 200 unidades de multa, es decir, entre $ 73.750 y $ 590.000. Y en todos los casos se prevé el decomiso de mercaderías y el secuestro de los objetos destinados a la concreción del festejo.
El Tribunal Administrativo Municipal también podría asignar trabajo comunitario, con un máximo previsto de 40 horas de actividad.
Además de la sanción municipal, se abre una causa penal por violar las restricciones.
Con respecto a los asistentes a estas fiestas clandestinas, el proyecto impulsa, para los mayores de 16 años, una pena de entre 12 y 40 horas de trabajo comunitario. Y en el caso de incumplimiento sin causa, se les computará una multa de entre 15 y 30 unidades de multa, es decir, de entre $ 44.250 y $ 88.500.
Cuando los infractores sean jóvenes de entre 16 y 18 años, deberán ser autorizados por sus padres o tutores para el cumplimiento de la sanción.
